Consorcios en la contratación pública: ofertar en sociedad sin perder el control

La Ley 7021 permite ofertar en consorcio sin crear una persona jurídica nueva, con un gestor que representa al grupo y responsabilidad solidaria de todos. Qué ordenar antes de asociarse.

Muchas licitaciones son demasiado grandes, demasiado mixtas o demasiado exigentes para una sola empresa. La Ley 7021/2022 de Contrataciones Públicas contempla la salida natural: ofertar en consorcio. Su artículo 20 permite que personas físicas y jurídicas participen en consorcio en los procedimientos de contratación sin que ello implique crear una persona jurídica diferente — siempre que el acuerdo de intención de participación establezca con precisión las obligaciones de cada parte respecto a la contratación y la manera en que se exigirá su cumplimiento.

Las reglas del juego asociado

• Un gestor al frente: los oferentes consorciados designan a uno de los integrantes como gestor, facultado para representar al consorcio y suscribir las ofertas y documentos del procedimiento.
• Responsabilidad solidaria: ante la convocante quedan solidariamente responsables todos los oferentes consorciados. El socio débil es tu riesgo, no solo el suyo.
• Procedimientos nacionales: el consorcio que tenga integrantes domiciliados fuera del territorio de la República no podrá participar en procedimientos de contratación de carácter nacional.

El consorcio se gestiona como una obra más

Asociarse para ofertar es fácil; operar asociado es lo difícil. El acuerdo reparte obligaciones en el papel, pero la ejecución las mezcla: la planilla del socio A, los materiales del socio B, el certificado que firma el gestor. La constructora que entra a un consorcio sin un sistema que separe lo propio de lo común termina discutiendo números con sus socios en vez de cobrarle al cliente. Presupuesto, avance, costos y certificados por obra —y por integrante dentro de la obra— es lo que un ERP para constructoras implementa según la estructura de cada proyecto, igual que ordena una licitación pública o las garantías de caución que el pliego exige.